El arrebato nacionalista que sufrió Javier Milei, que hizo que pasara de declararse un admirador de Margaret Thatcher a encarnar la defensa de la causa Malvinas, escondía algo detrás. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” que la Casa Rosada envió al Congreso funciona, para opositores, especialistas y referentes de derechos humanos, como un caballo de Troya que encubre nuevas funciones para las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, así como la posibilidad de perseguir a quienes sean sindicados por tener supuestos vínculos con Estados u organizaciones extranjeras o por realizar “campañas coordinadas de desinformación”.
Dos semanas después de que Milei hiciera una cadena nacional para hablar de la cuestión Malvinas –subiéndose a la ola que generó ver a un grupo de jugadores de la Selección flamear una bandera que decía que las Malvinas son argentinas y en medio de las rispideces entre Donald Trump y el Reino Unido–, apareció el proyecto de ley que el Gobierno había prometido enviar al Congreso.
La iniciativa tiene dos partes: una vinculada a sancionar operaciones en la zona de las islas –que es bastante escueta– y otra, mucho más frondosa, alrededor de la cuestión de la seguridad nacional, que es un tema que la administración de La Libertad Avanza (LLA) ya había anunciado en marzo del año pasado que iba a abordar. O sea, una vieja obsesión que el Gobierno encontró el momento para colar.
“El proyecto hace uso de una causa de enorme consenso social y político, como es Malvinas, como marco para introducir una agenda mucho más amplia de seguridad nacional, sin que haya una situación de riesgo que lo amerite”, explica Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Bajo ese paraguas, amplía las nociones de amenaza y agresión y, con ellas, el marco de intervención de las Fuerzas Armadas e incorpora nuevas herramientas de intervención estatal para restringir el espacio cívico, ampliar la agenda de seguridad nacional para aumentar el financiamiento y el descontrol de los servicios de inteligencia”, añade.
El diagnóstico es compartido por el diputado nacional Agustín Rossi, que preside la comisión de Defensa del Partido Justicialista (PJ). “Está claro que metieron un caballo de Troya. Es una ley ómnibus. Si el Presidente quiere modificar el sistema de seguridad nacional, que envíe una ley específica y la discutimos. No puede incluirla en un proyecto sobre las sanciones en Malvinas”, sostiene el exministro de Defensa.
Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata también denunciaron que el Gobierno está usando la cuestión Malvinas para reeditar la doctrina de seguridad nacional y barrer los límites democráticos y constitucionales que separan la seguridad interior de la defensa.
Queda una pregunta abierta: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los trabajadores hicieran una huelga?
Fuente Página12
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