La Justicia le puso un freno al proyecto petrolero Sea Lion en las Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a la británica Rockhopper y a la israelí Navitas que no avancen con las actividades vinculadas al yacimiento. La decisión vuelve a poner bajo la lupa una explotación de petróleo que cruza negocios millonarios, impacto ambiental y la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Borruto hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Además de frenar el proyecto, ordenó a las compañías presentar en diez días información sobre los contratos, el financiamiento, las aseguradoras y el estado de ejecución.
Uno de los puntos señalados en la causa es que Sea Lion no habría iniciado ante las autoridades nacionales argentinas el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni contaría con autorización del Estado argentino.
La Justicia también tomó en cuenta los antecedentes de Rockhopper y las sanciones e inhabilitaciones aplicadas por Argentina a empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.
Para las organizaciones que impulsaron la demanda, el problema va más allá de una discusión técnica sobre petróleo. Lo que está en juego también es la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía Argentina reclama.
La Justicia ya frenó Sea Lion, pero la medida todavía debe llegar formalmente a las empresas. Cancillería deberá notificar a Rockhopper y Navitas la orden de la jueza Borruto. Recién entonces podrá verse cómo responden las petroleras y, sobre todo, con qué rapidez actúa el Gobierno argentino.
Los cuestionamientos al proyecto tampoco son nuevos. Gobiernos provinciales y organizaciones ambientales ya habían presentado reclamos por la actividad de estas empresas. Durante la gestión de Javier Milei, esos planteos no avanzaron.
Por eso, la notificación será un primer test para el Gobierno. Habrá que ver si Cancillería actúa con rapidez para hacer cumplir la decisión judicial, mientras las petroleras mantienen su plan para comenzar a extraer petróleo en 2028.
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